El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de la Xunta y la empresa Engasa Lagoa, reforzando la postura del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ordenó la suspensión cautelar del parque eólico Lagoa II, ubicado entre los municipios coruñeses de Zas y Santa Comba, por potenciales daños medioambientales.
El Supremo rechaza el recurso
El 16 de octubre de 2024, el Tribunal Supremo emitió una providencia en la que inadmitió el recurso presentado por la Xunta y Engasa Lagoa, basándose en la «falta de fundamentación suficiente y singularizada al caso». Esta decisión confirma la suspensión del parque eólico dictada en junio de 2023 por el TSXG. Además, impone el pago de las costas procesales a ambas partes: 1.000 euros más IVA a la Xunta y 500 euros más IVA a la empresa promotora.
Peligros medioambientales en juego
El parque eólico Lagoa II ha sido objeto de una intensa disputa legal, impulsada por la asociación ecologista Petón do Lobo, que alertó sobre los «graves riesgos medioambientales» que este proyecto podría causar en la zona. Los magistrados del TSXG respaldaron la postura ecologista, advirtiendo que la instalación de este parque podría generar un impacto significativo en los ecosistemas locales.
Los magistrados argumentaron que la ejecución de las obras, incluidos los movimientos de tierras y la instalación de infraestructuras, provocaría, «como mínimo, una afectación ecosistémica». Esta conclusión se fundamenta en informes periciales que señalan que el «daño medioambiental a múltiples especies de flora y fauna está asegurado». La preocupación por la pérdida irreversible de biodiversidad ha sido central en la decisión judicial.
Antecedentes de decisiones judiciales en proyectos eólicos
El TSXG ha emitido en los últimos meses cerca de 60 autos que suspenden cautelarmente diversos proyectos eólicos en Galicia, subrayando los riesgos medioambientales que podrían acarrear estos desarrollos. Esta tendencia refleja una creciente preocupación por la sostenibilidad en la expansión de las energías renovables, exigiendo un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
Consecuencias de la suspensión del proyecto
La decisión de suspender las obras del parque eólico no solo responde a la preservación del entorno natural, sino también a una lógica jurídica que evita futuras complicaciones. Según los magistrados, permitir que las obras continúen mientras el proceso judicial está en curso podría resultar en la necesidad de desmantelar lo construido, un proceso que implicaría el uso de recursos públicos.
