Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y José Bogas, CEO de Endesa, han manifestado su disposición a dialogar con el Gobierno sobre la posibilidad de aplazar el calendario de cierre de las centrales nucleares en España. Su postura se basa en preocupaciones relacionadas con la seguridad energética y la rentabilidad económica de estas instalaciones.
Contexto energético actual
En 2019, se estableció un acuerdo entre Enresa y las empresas propietarias para el cierre progresivo de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente desde entonces. La crisis energética, la guerra en Europa y la creciente demanda de energía, impulsada por factores como los centros de datos y la climatización, han generado incertidumbre sobre la capacidad de suministro futuro. Bogas destaca que, aunque el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) no preveía riesgos de suministro, el cumplimiento de sus objetivos depende de avances en almacenamiento y bombeo, metas que actualmente parecen difíciles de alcanzar.
Impacto de la carga fiscal en la rentabilidad
Más allá de las preocupaciones sobre el suministro, la rentabilidad económica de las centrales nucleares es un factor crucial. Un informe de PwC señala que las plantas nucleares en España enfrentan una carga fiscal creciente, con impuestos redundantes que han incrementado sus costes en más del 70% en los últimos cinco años. Se estima que, entre 2025 y 2035, estos impuestos podrían representar más del 40% de los costes totales de las centrales. La Tasa Enresa, destinada a cubrir gastos de desmantelamiento y gestión de residuos, es la principal carga, seguida de impuestos estatales y ecotasas autonómicas.
Según el informe, los costes operativos promedio para el periodo 2025-2035 serían de 66,9 euros/MWh, mientras que las previsiones del mercado eléctrico a largo plazo se sitúan en 56,3 euros/MWh, lo que indica una falta de rentabilidad bajo la configuración actual. Sin embargo, se calcula que 12,1 euros/MWh de estos costes corresponden a cargas no justificadas; eliminarlas podría hacer viable la operación nuclear. Bogas destaca que, de los 65 euros por mantener una central, 17 euros corresponden a cargas fiscales y entre 10 y 11 euros a tasas. La acumulación de costes de desmantelamiento en un corto periodo afecta la competitividad de las centrales. Sin estas cargas fiscales, la producción nuclear sería más competitiva.
Reacciones políticas
Las declaraciones de Galán y Bogas han generado respuestas en el ámbito político. El Partido Popular de Extremadura ha solicitado que la Asamblea inste al Gobierno a desarrollar una estrategia para prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz. María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, agradeció la disposición de las compañías propietarias de Almaraz I y II, calificando la prórroga de la central como vital para la región y para España. Por su parte, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, respondió brevemente que se deberá analizar lo que están proponiendo.
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