La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha lanzado una fuerte advertencia respecto a la posible implementación de un impuesto permanente al sector energético. Este gravamen, que sucedería a un impuesto temporal que finaliza el 31 de diciembre, podría comprometer la competitividad de la industria y obstaculizar el avance hacia la transición energética. AOP sostiene que esta medida afectaría negativamente a toda la cadena de valor del sector.
Un marco fiscal necesario para la descarbonización
La AOP reclama un «marco fiscal adecuado y estable» para facilitar las significativas inversiones que el sector tiene planificadas para la descarbonización. En concreto, las empresas del sector tienen la intención de invertir más de 16.000 millones de euros hasta 2030. Sin embargo, la introducción de un nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el futuro fiscal podrían desincentivar estas inversiones críticas en nuestro país.
Además, la incertidumbre regulatoria impacta negativamente en la reputación de España y en la Marca España, afectando cómo los inversores e instituciones internacionales valoran el clima económico del país. Este entorno incierto representa un riesgo significativo para el desarrollo de los combustibles renovables y el hidrógeno renovable, poniendo en peligro el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Competitividad en el contexto europeo
La AOP advierte que un nuevo gravamen permanente convertiría a España en el único Estado miembro de la Unión Europea que aplica tal carga, lo que perjudicaría la competitividad de un sector que ya enfrenta una elevada carga fiscal. Según el informe Draghi, la competitividad de la UE se ve afectada, en parte, por un coste energético más alto en comparación con países como EE. UU. o China. Este informe también sugiere que se deben limitar las cargas fiscales para mejorar la competitividad.
Opiniones del FMI y la Comisión Europea
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha manifestado que estos tipos de gravámenes deben ser «limitados y temporales». Asimismo, la Comisión Europea ha destacado que las empresas del sector energético enfrentan circunstancias distintas a las vividas durante la crisis energética de 2022, provocada por la guerra en Ucrania. En este contexto, la imposición de un impuesto adicional al sector energético sería considerado «injustificado, discriminatorio y económicamente contraproducente».
La AOP subraya la urgencia de establecer un entorno fiscal predecible y estable para asegurar que las inversiones necesarias para la transición energética en España no se vean comprometidas. Sin un marco regulatorio claro, el país corre el riesgo de desincentivar la inversión en tecnologías sostenibles, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en la competitividad y sostenibilidad del sector energético.
