domingo 22 - diciembre 2024

La parálisis de permisos en el sector petrolífero supone un obstáculo para la competencia

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La Asociación de Operadores y Distribuidores Petrolíferos (AOPYDE) ha emitido una contundente denuncia sobre la situación actual que enfrenta el sector de los operadores petrolíferos en España. La falta de respuesta por parte de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica en la autorización y reactivación de operadores está generando una profunda preocupación entre las pequeñas y medianas empresas, que luchan por mantener su lugar en un mercado cada vez más restringido.

Un bloqueo que afecta a la competencia

El proceso de autorización de nuevos operadores y la reactivación de aquellos retirados del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (REDEF) se ha visto obstaculizado sin explicaciones claras. AOPYDE destaca que estas empresas han cumplido todos los requisitos legales necesarios para operar, sin embargo, siguen enfrentándose a un bloqueo que compromete su viabilidad y competitividad.

“El retraso en los permisos y la inhabilitación injustificada de operadores consolida la ventaja de las grandes petroleras”, afirma un representante de la asociación. Este escenario agrava la desigualdad en un sector donde las pequeñas y medianas empresas necesitan condiciones justas para competir.

Consecuencias de un entorno normativo incierto

El contexto actual está marcado por la incertidumbre normativa. La posible modificación de la Ley de Hidrocarburos y la aprobación de un gravamen al diésel, que no se aplica a las grandes empresas energéticas, están creando un entorno regulador desfavorable.

Este conjunto de circunstancias ha llevado a la AOPYDE a señalar que “se está asfixiando financieramente a las pequeñas y medianas empresas”, lo que podría desembocar en una ola de quiebras, pérdida de empleo y menor diversidad en la oferta del mercado.

La exigencia de acción inmediata

AOPYDE insta tanto a Hacienda como al Ministerio de Transición Ecológica a actuar con “transparencia y agilidad”. “La administración debe ser garante de la legalidad, pero no un obstáculo para quienes cumplen con los requisitos”, destacan desde la asociación.

La solicitud es clara: el fin del bloqueo en el REDEF y la reactivación de los operadores que cumplen con la normativa vigente. Solo con estas medidas se podrá garantizar un mercado energético justo y competitivo.

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