Stellantis, el grupo automovilístico nacido de la fusión entre PSA y Fiat Chrysler en 2021, ha anunciado una alianza con la empresa china CATL para construir una gigafábrica de baterías en Figueruelas, Zaragoza. Este proyecto, aplaudido desde los ámbitos políticos y empresariales, promete una inversión de 4.100 millones de euros y la creación de 4.500 empleos directos. Sin embargo, detrás de los titulares optimistas, surgen dudas sobre su verdadero impacto en la economía y la industria española.
Detalles del proyecto y objetivos
La planta estará situada junto a la fábrica de Stellantis en Figueruelas y se prevé que inicie su producción a finales de 2026. Con una capacidad potencial de hasta 50 GWh, se centrará en baterías de litio-ferrofosfato, que destacan por su coste competitivo y durabilidad, características clave para la expansión de los vehículos eléctricos en segmentos intermedios.
Esta empresa conjunta refuerza la estrategia de Stellantis basada en su enfoque de «doble química» para baterías, combinando LFP con cobalto de níquel-manganeso (NMC). Según John Elkann, presidente de Stellantis, el objetivo es ofrecer vehículos eléctricos accesibles y de calidad, alineados con el plan estratégico Dare Forward 2030.
Implicaciones para la industria española
Aunque se presenta como un paso hacia la reindustrialización, la planta de Figueruelas no fabricará baterías desde cero. Estas serán producidas en China por CATL y ensambladas en Aragón. Este modelo de negocio refuerza la dependencia tecnológica y comercial de España respecto al gigante asiático, que seguirá controlando las patentes y los procesos clave en la producción de baterías de litio hierro fosfato (LFP). En lugar de avanzar hacia la autonomía tecnológica, España consolida su rol como ensamblador de componentes extranjeros.
A pesar de esto, el proyecto tiene el potencial de generar hasta 4.500 empleos directos y 35.000 indirectos en Aragón, según el Gobierno regional, consolidando a España como un actor clave en la automoción eléctrica.
Ayudas públicas: una financiación controvertida
El proyecto ha recibido 357,8 millones de euros de fondos públicos procedentes de los PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado y de descarbonización. Este apoyo contrasta con las medidas de ajuste laboral aplicadas por Stellantis en su planta de Figueruelas, donde se han llevado a cabo Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Además, la compañía ha incrementado la producción en su fábrica de Marruecos, lo que genera cuestionamientos sobre el verdadero compromiso con la industria nacional.
Beneficios y desafíos de la alianza
Desde el punto de vista estratégico, la colaboración entre Stellantis y CATL responde a la creciente presión competitiva del mercado chino y a la necesidad de cumplir con los objetivos europeos de descarbonización. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la sostenibilidad del modelo actual, donde Europa depende de la tecnología y las materias primas chinas para avanzar en la transición hacia vehículos eléctricos.
Por su parte, Robin Zeng, CEO de CATL, destacó que esta asociación fortalece la cooperación global de la compañía, mientras busca hacer más accesibles las tecnologías de cero emisiones.
Reacciones políticas y empresariales
Líderes como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, han elogiado el proyecto. Sánchez destacó la apuesta del Gobierno por la transición verde como factor clave para atraer inversión extranjera, mientras que Azcón subrayó el impacto económico regional y los miles de empleos indirectos previstos. Sin embargo, estos discursos omiten las limitaciones estructurales del acuerdo y las implicaciones de depender de tecnología extranjera.
