La integración de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como sector coupling, puede generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas en 2050.
Estos cálculos forman parte de un estudio realizado por la consultora especializada en temas energéticos Frontier Economics y la universidad alemana de Aachen, y publicado por la Fundación Naturgy.
El informe posiciona al sector coupling como la mejor opción para descarbonizar sectores cuya electrificación no es viable, garantizar el suministro energético y contribuir a una economía verde en el marco del Pacto Verde Europeo y los objetivos de descarbonización en 2050.
Los ahorros de costes estimados en el estudio se pueden considerar conservadores, puesto que no tienen en cuenta sectores cuya electrificación tendría un coste “significativamente más caro”, como los procesos industriales a elevadas temperaturas, y el transporte marítimo y aéreo. Según Fernando Barrera, director de Energía de Frontier Economics Madrid “El resultado es que el uso continuado de la infraestructura gasista ahorra 2.037 millones al año en comparación con un escenario en el que dicha infraestructura deja de emplearse”.
Según los cálculos que recoge el informe, estos ahorros netos anuales provienen de:
- ahorro en tecnologías finales: los mayores costes de aparatos y vehículos eléctricos provocan que el escenario con gases renovables genere ahorros de 2.753 millones de euros;
- ahorro por menor expansión de la red eléctrica: los sobrecostes por mayor expansión de redes eléctricas en el escenario eléctrico ascienden a 1.092 millones de euros;
- coste extra en red de gas: mayores costes por adaptación y mantenimiento de las redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases renovables, que ascienden a 223 millones de euros;
- coste extra por generación y almacenamiento de energía: mayor coste de generación y almacenamiento para satisfacer la demanda y la necesidad de almacenamiento estacional, estimado en 1.585 millones de euros.
El informe sostiene que “un mundo eléctrico supone un gran cambio con respecto a la situación actual, en la que menos de un 25% de las necesidades energéticas se satisfacen con electricidad”. Si se opta por electrificar las necesidades de calefacción de los hogares, servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de calor que hoy en día soportan los combustibles térmicos (gas natural, butano, biomasa) tendría que ser cubierta por el sector eléctrico.
Hacia una economía verde
Además de estos ahorros, la integración de las redes de gas y electricidad también hace posible descarbonizar sectores cuya electrificación es inviable en la práctica con la tecnología actual, como son la aviación y el transporte marítimo, o el caso de la industria que requiere de procesos a altas temperaturas.
La garantía de suministro es otra de las ventajas de esta integración, ya que permite reducir la dependencia exterior gracias al aprovechamiento de la energía renovable y a la gran capacidad de almacenamiento del sistema gasista, “que ayuda a balancear la estacionalidad de la demanda y a hacer frente a situaciones imprevistas de escasez de energía a un coste más reducido que en el sector eléctrico, en el que hay que construir capacidad de generación o almacenamiento excedentaria a un coste significativamente mayor”.
Y en cuanto a motor de una futura economía verde, Barrera sostiene que “el elevado potencial renovable de España, unido a nuestra ventaja competitiva en costes por el abundante recurso solar y la cantidad de embalses, hace posible el desarrollo de una industria de gases renovables con un potencial exportador y de generación de empleo”.
“Un estudio de la Comisión Europea sitúa a nuestro país como el mayor productor de gases renovables de Europa en el futuro, un potencial que podría ser aprovechado para desarrollar una industria con vistas a crear nuevos modelos de negocio, al relanzamiento de la economía tras el Covid-19 y como una oportunidad para la inversión y para el empleo, como ha hecho ya el gobierno de Portugal”, explica Barrera.
