En la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) celebrada por Naciones Unidas en Nueva York en septiembre de 2019, los líderes mundiales apelaron a un decenio de acción y resultados en favor del progreso y la sostenibilidad. Junto a la llamada a la acción, prometieron “movilizar la financiación, mejorar la aplicación a nivel nacional y reforzar las instituciones para lograr los ODS en la fecha prevista, el año 2030, sin dejar a nadie atrás”.
Un año después la pandemia de la Covid-19 amenaza con retrasar la consecución de los ODS. De hecho, por primera vez desde 1998, las tasas de pobreza aumentarán a medida que la economía mundial entra en recesión y cae abruptamente el producto interno bruto (PIB) per cápita.
La crisis en marcha revertirá casi todos los avances logrados en los últimos cinco años. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, entre 40 millones y 60 millones de personas caerán en la pobreza extrema (vivir con menos de 1,90 dólares al día) en 2020, en comparación con las cifras de 2019, como resultado del impacto económico y sanitario provocado por el coronavirus SARS-CoV 2. La tasa de pobreza extrema mundial podría aumentar entre 0,3 y 0,7 puntos porcentuales, hasta llegar a alrededor del 9 % de la población al cierre de 2020. La segunda ola que estamos sufriendo en la actualidad puede empeorar estos pronósticos.
Los ODS pueden resumirse, como los diez mandamientos, en uno solo: mejorar la convivencia entre humanos y entre éstos y su entorno natural. Aunque erradicar el hambre aparece como el objetivo 2, debería ser el primero, porque la primera manifestación de la pobreza es, precisamente, la dificultad para alimentarse adecuadamente. Alimentar a 7.800 millones de personas (8.500 en 2030, según las proyecciones de Naciones Unidas) es un gran desafío agrícola, ganadero, logístico y medioambiental.
La pobreza también tiene una dimensión energética. El ODS 7 apunta a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Naciones Unidas señala en su formulación que “es necesario prestar una mayor atención a las mejoras para el acceso a combustibles de cocina limpios y seguros, y a tecnologías para 3.000 millones de personas, para expandir el uso de la energía renovable más allá del sector eléctrico e incrementar la electrificación en el África subsahariana”.
A juicio de la ONU, “la falta de acceso a la energía puede obstaculizar los esfuerzos por contener la COVID-19 en muchas partes del mundo”. Los servicios energéticos son esenciales para proporcionar suministro eléctrico a los establecimientos sanitarios y agua limpia para una higiene esencial, hasta permitir las comunicaciones y los servicios de tecnologías de la información que permiten a las personas conectarse manteniendo la distancia social.
Resulta paradójico que la pobreza energética y la necesidad de descarbonizar la economía para frenar el avance del cambio climático coincidan con un período de gran liquidez financiera. Si el capital no fluye con la suficiente rapidez hacia una actividad que no solo tiene demanda, sino que además aparece como fundamental para la sostenibilidad del progreso humano, es porque existen obstáculos o frenos para la inversión. Estos retardadores son las legislaciones energéticas nacionales, que deberían revisarse al amparo de los ODS más que el calor de los intereses de los operadores dominantes, que son aquellos que aún queman combustibles fósiles para generar electricidad.
En el Día de los ODS nuestra responsabilidad como ciudadanos es hacer todo lo posible para alcanzar cuanto antes las metas planteadas. Tomemos la pandemia como una grave llamada de atención y enfoquemos la luz hacia los sectores y las actividades que más rápidamente pueden producir un cambio de tendencia.
Fuente | BRUC Management
