Las energías renovables o no contaminantes concentrarán una parte importante de los recursos que han acordado los gobiernos de la Unión Europea para afrontar la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.
Aún no sabemos qué porcentaje de los 750.000 millones aprobados para el plan de recuperación y de los 1,074 billones de euros de los presupuestos de los próximos siete años se destinarán a luchar contra el cambio climático mediante una mejora de las infraestructuras energéticas y los programas de eficiencia energética. Dicho porcentaje dependerá de los proyectos que los países presenten para acceder a las ayudas directas y a las líneas de financiación.
España recibirá 140.000 millones de euros, diez veces la cuantía de los fondos de cohesión que permitieron al país ponerse a la altura de sus socios europeos en los años 90. De esta cantidad, 72.700 serán ayudas directas, es decir, no tendrán que devolverse, y el resto se recibirán en forma de créditos. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que pondrá en marcha “el Plan Nacional de Reformas, de inversiones para ese crecimiento y esa transformación verde, digital e inclusiva, volcando también recursos económicos en la ciencia, en la formación profesional y en la educación”.
El país tiene una gran oportunidad para avanzar en la transición energética, auténtica cabeza de puente de la descarbonización de la economía, imprescindible para frenar el cambio climático. España dispone de los recursos necesarios para aprovechar esta gran oportunidad: las fuentes renovables, fundamentalmente solar y eólica; la tecnología necesaria para construir un parque de generación más eficiente; el conocimiento acumulado desde los primeros años del boom de las renovables; y los recursos financieros imprescindibles para hacer realidad los proyectos.
El principal obstáculo -y casi el único- al que se enfrenta al sector es la regulación. Como recientemente escribía Juan Béjar, presidente de Bruc Management, en El Confidencial, la regulación tiene que resolver dos grandes desincentivos: “El primero es la lentitud en el proceso de despliegue de redes y puntos de interconexión y la obtención de los diferentes permisos, situación que se ha agravado en los últimos tres años. El segundo y más profundo es el precio. La caída de la demanda originada por la pandemia, unida al sistema de fijación de precios, ha provocado un desplome de la retribución de la generación superior al 50%. Una caída extraordinaria que, por cierto, no ha beneficiado a los consumidores finales, atrapados por un enrevesado sistema de tarifas, potencias y peajes, sino que se ha quedado en los bolsillos de las grandes comercializadoras”.
Ante la gran oportunidad que presentan los fondos europeos y el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, el regulador español debe darse prisa para cambiar los desincentivos por incentivos que propicien el avance sólido de las energías verdes y, al calor de ellas, la creación de empleo.
Fuente | BRUC Management
