El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha decidido priorizar la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre las autorizaciones de parques eólicos, aunque ha rechazado procesarla por la vía acelerada, como solicitaba el alto tribunal gallego. El litigio se refiere a la necesidad de poner a disposición del público los informes sectoriales relativos a los parques eólicos, no solo a los promotores.
El caso gallego y su repercusión en España
Este litigio tiene su origen en la paralización de 59 proyectos eólicos en Galicia, con un total de 202 litigios relacionados con 82 parques eólicos. Según Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, la decisión del TJUE de priorizar la cuestión prejudicial es un paso importante. Vázquez ha manifestado su satisfacción al conocer que el tribunal europeo ha reconocido la «trascendencia del tema», aunque la resolución podría demorarse hasta 18 meses.
«La paralización de los eólicos en Galicia no es ajena al resto de España», afirmó la conselleira, subrayando que las implicaciones de la tesis del TSXG podrían generar un «auténtico caos» en la tramitación de parques eólicos y afectaciones a las declaraciones de impacto ambiental en todo el país.
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Impacto medioambiental y social
El TJUE aclaró que, aunque la tramitación acelerada puede aplicarse en casos de riesgo grave para el medio ambiente, en este caso no ha considerado que ese riesgo exista. No obstante, el tribunal ha confirmado que dará prioridad al asunto debido a su relevancia, dado que las instalaciones eólicas afectadas aún no están en construcción a pesar de los recursos presentados.
Perspectiva nacional
El conflicto no solo afecta a Galicia, sino que puede tener consecuencias a nivel nacional. El próximo viernes, según Vázquez, se llevará a cabo una reunión clave entre técnicos de la Consellería de Medio Ambiente de Galicia y el Ministerio de Transición Ecológica. Este encuentro podría marcar un punto de inflexión, ya que, según la conselleira, «parece que después de muchos meses abrieron los ojos».
Vázquez insistió en la necesidad de que los informes sectoriales sean accesibles no solo para los promotores, sino para el público interesado, una cuestión que está en el centro del litigio presentado ante el TJUE.
