El Gobierno ha presentado al Congreso la propuesta para reinstaurar la Comisión Nacional de Energía (CNE), con un presupuesto estimado de 41,62 millones de euros para 2025. Este gasto, destinado a regular el sector energético, ha despertado críticas por su alto coste, especialmente en un contexto de inflación y recortes en otros sectores clave.
Un presupuesto inflado: ¿realmente necesario?
Según la memoria económica del proyecto de ley, el grueso de este presupuesto se destinará a los gastos de personal, alcanzando la suma de 19,22 millones de euros. Esto incluye más de 5 millones para funcionarios, 8,9 millones para personal laboral y 617.540 euros para altos cargos. Este reparto ha suscitado dudas sobre si la inversión está bien justificada o si se trata de una carga innecesaria para las arcas públicas.
Infraestructura costosa para un órgano duplicado
Parte de los casi 42 millones de euros se explica por la necesidad de crear infraestructura informática para dotar a la CNE de independencia. Sin embargo, este argumento no ha convencido a todos, dado que la CNE había sido previamente integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Críticos señalan que esta duplicación de órganos es un gasto superfluo, especialmente en tiempos donde la eficiencia debería ser la prioridad.
¿Son los 42 Millones justificables?
El Gobierno defiende que este elevado gasto podría reducirse en los próximos años, ya que buena parte de la inversión inicial está destinada a la creación de infraestructura. Sin embargo, no se ha aclarado de forma convincente por qué esta infraestructura no puede aprovechar la ya existente en la CNMC.
Además, el proyecto de ley excluye las transferencias con destino al sector eléctrico del cálculo de los gastos de funcionamiento, argumentando que no constituyen un gasto de funcionamiento como tal. Esto ha generado interrogantes sobre si se está presentando una imagen incompleta del verdadero impacto presupuestario de la reinstauración de la CNE.
Críticas a la gestión financiera
Este presupuesto ha abierto un debate sobre la gestión financiera del Gobierno en materia energética. A pesar de las promesas de austeridad y de una gestión más eficiente, el costo del personal y de la infraestructura de la CNE contradice el discurso oficial. La pregunta sigue siendo si esta inversión es verdaderamente necesaria o si se trata de una nueva carga para el contribuyente.
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