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El nuevo decreto energético de Cataluña llega rodeado de polémica. Lo que el Gobierno autonómico presenta como un avance en la organización del sector, muchos lo ven como una medida que refuerza el control sobre la energía ciudadana, restringe la libertad de empresa y ralentiza la innovación en almacenamiento eléctrico.
Un decreto que prioriza el control sobre la colaboración
La regulación recién aprobada pretende ordenar el desarrollo de las comunidades energéticas en Cataluña, pero introduce barreras burocráticas y procesos administrativos más estrictos que, según expertos del sector, pueden desalentar la participación ciudadana. Lo que debía ser una herramienta de empoderamiento local se transforma en un sistema sometido al permiso y la supervisión constante de la Administración.
Restricciones a la libertad empresarial
Uno de los puntos más criticados es la limitación a la instalación de proyectos fotovoltaicos y baterías eléctricas en zonas de regadío o en desarrollo. Estas restricciones, bajo el argumento de proteger el territorio, son vistas por las empresas del sector como una forma de control económico que frena la inversión privada. Las compañías alertan de que esta medida podría desplazar proyectos hacia otras comunidades con normas más flexibles.
Burocracia y traspasos condicionados
El decreto incluye la posibilidad de traspasar permisos administrativos para proyectos que no entren en servicio, pero este avance se diluye entre nuevos requisitos técnicos y ambientales que ralentizan los trámites. La subida del umbral de potencia para solicitar autorización, lejos de simplificar, complica la planificación empresarial, generando incertidumbre sobre la viabilidad de las inversiones futuras.
Un marco rígido que frena la innovación
El Gobierno catalán asegura que esta regulación fortalece el sistema eléctrico, pero los analistas sostienen que la sobrerregulación puede limitar el desarrollo tecnológico en el almacenamiento energético. Al imponer una estructura rígida de licencias y controles, las empresas pierden margen de maniobra para experimentar e innovar, justo en un momento en que la competitividad depende de la agilidad.
Ciudadanos menos libres, Estado más presente
El trasfondo del decreto refleja una tendencia creciente: más presencia estatal en la gestión de la energía local. Las comunidades que antes podían organizarse con relativa autonomía ahora deberán ajustarse a un marco centralizado, donde la toma de decisiones pasa por un filtro político y administrativo. Para muchos, esto supone un paso atrás en la democratización energética que Cataluña proclamaba hace apenas unos años.
En definitiva, el decreto energético de Cataluña se presenta como un intento de orden, pero sus implicaciones apuntan hacia una mayor intervención estatal y una menor libertad de acción para empresas y ciudadanos. La promesa de empoderamiento energético podría acabar convertida en una red de controles, permisos y restricciones que enfría la inversión y limita la participación real en la transición energética.
