La reciente decisión de Repsol de desviar uno de sus proyectos clave en energías renovables a Portugal es una clara advertencia al Gobierno español. La petrolera ha optado por construir un electrolizador de 4 megavatios (MW) en Sines, lo que deja en el aire importantes inversiones previstas en España. Este movimiento, consecuencia directa del gravamen sobre las energéticas, podría ser solo el principio de una deslocalización de proyectos estratégicos de gran magnitud.
Impacto de la fiscalidad en las inversiones energéticas
Repsol ha sido clara en su postura: el impuesto sobre las energéticas, calificado por la empresa como «arbitrario, inconstitucional y discriminatorio», está paralizando la toma de decisiones para futuras inversiones en España. El electrolizador de Sines, que requerirá una inversión de 15 millones de euros, representa solo una fracción de los proyectos que la compañía había planeado para territorio español.
Proyectos similares en España, como los electrolizadores de Bilbao, Tarragona y Cartagena, están actualmente paralizados debido a la incertidumbre fiscal. En total, Repsol había proyectado más de 3.000 millones de euros en inversiones en los próximos años para su plan de descarbonización y transición hacia energías limpias. Sin embargo, la continuidad del ‘impuestazo’ amenaza con frenar ese impulso.
Repsol condiciona sus futuras inversiones al marco fiscal
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha reiterado en varias ocasiones que las inversiones industriales y energéticas en España dependen de la estabilidad y seguridad jurídica. Sin embargo, con la posible prórroga del impuesto extraordinario a las energéticas más allá de diciembre de 2024, la compañía ha dejado claro que reconsiderará todos sus proyectos en el país.
Según Repsol, las inversiones clave en el desarrollo del hidrógeno verde, como los electrolizadores de Tarragona (150 MW), Bilbao (100 MW) y Cartagena (100 MW), están en espera de una decisión final de inversión. Mientras tanto, la compañía sigue adelante con su plan en otros mercados, como Portugal, donde el entorno regulatorio es más favorable.
Repercusiones para España y Europa
El bloqueo de las inversiones de Repsol en España es preocupante no solo para el sector energético, sino también para la economía española en general. El desarrollo de proyectos como la «ecoplanta» de Tarragona, que transformaría residuos en etanol, o los electrolizadores de gran capacidad, supondrían una importante inyección de capital y empleo en regiones como Cataluña y el País Vasco.
Además, la paralización de estos proyectos podría tener repercusiones a nivel europeo. Repsol ya ha recibido ayudas comunitarias para algunos de sus planes en España, como los 160 millones de euros destinados al electrolizador de 100 MW en Muskiz (Bizkaia), un proyecto considerado de «interés común europeo». Sin embargo, el futuro de estas ayudas y proyectos ahora queda en suspenso.
Un impuesto con consecuencias a largo plazo
El Gobierno de Pedro Sánchez está negociando con sus socios en el Congreso para hacer permanente el impuesto extraordinario a las energéticas y al sector financiero, que hasta ahora era temporal. Este impuesto, que grava los ingresos de las compañías, ha sido criticado tanto por las empresas afectadas como por algunos sectores en Europa, que consideran que debería gravar los beneficios, no los ingresos.
La continuidad de este gravamen podría tener un efecto disuasorio para futuras inversiones en España, especialmente en un contexto en el que otros países europeos, como Francia y Portugal, están ofreciendo mejores condiciones fiscales y un marco regulatorio más estable.
Repsol ha enviado un mensaje claro al Gobierno español: si no se reconsidera el gravamen a las energéticas, las inversiones en energías limpias y descarbonización podrían trasladarse a otros mercados. La paralización de proyectos en España, que superan los 1.500 millones de euros, es un aviso de las graves consecuencias económicas que podría tener la actual política fiscal. La deslocalización de inversiones, como la construcción del electrolizador de 4 MW en Portugal, es solo el primer paso de lo que podría ser un éxodo empresarial hacia entornos más favorables.
