El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia en Estados Unidos ha rechazado de manera unánime la solicitud de España de revisar tres casos clave sobre laudos arbitrales relacionados con las primas a las energías renovables. Esta decisión, emitida el 2 de diciembre, representa un nuevo revés en la estrategia española para frenar el pago de indemnizaciones derivadas de cambios normativos realizados en 2013.
Contexto de las indemnizaciones millonarias
España enfrenta 25 laudos arbitrales pendientes de pago que suman 1.560 millones de euros, a lo que se añaden aproximadamente 330 millones en intereses y costas judiciales. Estas sanciones se derivan del recorte retroactivo de incentivos a las renovables, implementado por el Gobierno de Mariano Rajoy, y afectan principalmente a inversores internacionales amparados por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
Entre los casos más destacados, el tribunal ha confirmado la obligación de indemnizar con 290 millones de euros a la empresa estadounidense NextEra, así como 40 millones a 9REN, con sede en Luxemburgo, y 23,5 millones a la japonesa JGC. Estas cifras incluyen, además, millones adicionales en concepto de intereses de demora.
Implicaciones legales para España
El fallo del tribunal norteamericano subraya que ningún magistrado consideró procedente una revisión completa de los casos. Esta negativa incluye incluso la intervención de la Comisión Europea como amicus curiae, lo que no logró cambiar el curso de la decisión judicial.
Con este dictamen, los laudos arbitrales avanzan hacia su ejecución en Estados Unidos, aumentando la presión sobre España para cumplir con los pagos. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, el Gobierno está valorando recurrir al Tribunal Supremo estadounidense como última instancia.
Repercusión internacional
El impacto de estas resoluciones no se limita a Estados Unidos. Tribunales de Australia, Bélgica y Reino Unido también han dictaminado en contra de España, consolidando un panorama jurídico desfavorable para el país en relación con estas disputas.
El caso se convierte en un recordatorio de los riesgos legales y financieros asociados a cambios retroactivos en las políticas públicas, especialmente en sectores estratégicos como la energía.
