El Gobierno recibe de forma oficial la solicitud de Iberdrola, Endesa y Naturgy para prorrogar la vida útil de Almaraz hasta 2030, y ahora la traslada al CSN para su evaluación prioritaria.
Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz, agrupadas en la sociedad CNAT, acuerdan presentar una petición formal para extender la autorización de explotación de los dos reactores hasta junio de 2030. Esta decisión surge tras las deliberaciones internas en su asamblea extraordinaria y busca modificar las actuales fechas de cierre.
Una vez recibida la solicitud, el Ministerio para la Transición Ecológica procede a dar traslado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo regulador encargado de emitir el informe preceptivo que evaluará aspectos de seguridad, técnicas y cumplimiento normativo.
Alcance del posible aplazamiento
Si la prórroga prospera, el primer reactor podría extender su operación en tres años más, mientras que el segundo recibiría una ampliación de dos años frente a la hoja de ruta original.
La petición se sustenta en que Almaraz cumple con las revisiones periódicas de seguridad vigentes y mantiene estándares técnicos que la ubican como una instalación “segura, fiable y eficiente”.
Implicaciones técnicas y normativas
Para que la prórroga sea viable, debe cumplir tres condiciones esenciales:
- Garantizar la seguridad radiológica sin riesgos incrementados.
- No suponer un coste adicional para la ciudadanía ni para el sistema eléctrico.
- Respetar la seguridad de suministro, evitando desfases en el mix energético.
Obstáculos y resistencias
Hasta ahora, el Gobierno se declara firme en no conceder beneficios fiscales o exenciones especiales como condición previa. Además, ciertas voces recuerdan que para modificar el calendario de cierre se exige que las tres empresas propietarias actúen de forma conjunta y con petición unánime.
El CSN examinará la documentación técnica y emitirá su dictamen. Mientras tanto, el Ministerio debe decidir si la solicitud cumple los requisitos definidos. Los plazos establecidos sugieren que la decisión podría conocerse antes de marzo de 2026, en un contexto político y energético muy sensible.
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