Tras meses de debate y especulaciones, el Gobierno insiste en que nunca ordenó a Red Eléctrica de España (REE) operar en modo reforzado después del apagón del 28 de abril, defendiendo que esa decisión fue tomada con total autonomía por el operador del sistema.
El director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, asegura claramente ante la Comisión de investigación del Senado que ni el Ministerio para la Transición Ecológica ni la Dirección General impusieron instrucciones técnicas a REE relacionadas con la operación modo reforzado. Explica que la gestión del sistema eléctrico, en sus distintos modos operativos, es una competencia exclusiva y autónoma del operador del sistema.
El mecanismo técnico del modo reforzado
Según el Ejecutivo, el modo reforzado implica medidas adicionales para controlar la tensión de la red y garantizar la estabilidad tras el colapso del sistema. Pero subraya que REE adoptó esas acciones por su propio criterio técnico, sin recibir consignas ni presiones políticas. En la Cámara Alta, también se insiste en que ese modo de operación deriva del marco regulatorio europeo que permite “medidas correctoras adicionales”, en caso de que la seguridad del sistema lo justifique.
Críticas y zonas grises del discurso
Aunque el Gobierno niega cualquier injerencia, analistas y algunos miembros del sector apuntan que el debate revela zonas grises: ¿hasta qué punto la delegación de competencias entre ministerio y operador fue total? Además, surgen dudas sobre la gestión de los “episodios de variaciones de tensión” del 22 de abril, que fueron informados al Ministerio antes del apagón, algo que genera interrogantes sobre la previsión institucional.
Implicaciones para el sistema eléctrico y la confianza pública
En un contexto de alta sensibilidad energética, esta disputa institucional afecta directamente a la confianza ciudadana y empresarial. Que el Gobierno y REE exhiban versiones confrontadas incide en la percepción de que no existe claridad en el control del sistema eléctrico, lo que puede generar incertidumbre sobre futuras decisiones técnicas o normativas.
