La UE tiene potencial para marcarse objetivos ambiciosos en energía renovable

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea puede elevar hasta el 34 % su objetivo de energía renovable en 2030 si incrementa las inversiones de 48.405 y 58.893 millones de euros al año, esfuerzo que situaría a la UE en mejor posición para alcanzar sus compromisos para 2050 reflejados en el Acuerdo de París.

Esa es la conclusión principal de un estudio elaborado por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA, por sus siglas en inglés) que fue presentado este lunes por la Comisión Europea (CE), una semana antes de que la UE entre en la fase final de negociación de su revisión legislativa sobre energías limpias.

El porcentaje de renovables en el mix energético de la UE en 2010 era del 12,9 %, tasa que avanzó hasta el 16,7 % en 2015 y que debería alcanzar el 20 % en 2020, según los objetivos medioambientales de la Unión Europea, que van camino de cumplirse.

El Parlamento Europeo quiere fijar la cuota mínima de renovables en al menos el 35 % en 2030, muy por encima del mínimo del 27 % que piden los Estados miembros y también superior al 30 % que propone la Comisión Europea.

El estudio de IRENA argumenta que un nivel cercano a las ambiciones de la Eurocámara es factible y deseable, pero requeriría una inversión acumulada de unos 349.362 millones de euros en la próxima década, lo que representaría el 0,3 % de PIB actual de la UE.

La UE ha duplicado sus inversiones en renovables de 2007 a 2011 

IRENA recuerda en su informe que las inversiones en renovables en la UE casi se doblaron entre 2007 y 2011, coincidiendo con un período de fuerte crecimiento económico y pasando de 54.000 a 100.000 millones de euros en esos cuatro años, pero entre 2013 y 2016 volvieron a caer hasta los 48.410 millones de euros al año de media.

De la implementación completa de todas las opciones energéticas renovables podría resultar un ahorro neto estimado de unos 20.170 millones de euros en 2030″, apuntan los expertos, que consideran además que tres cuartos de las nuevas instalaciones tendrían un coste-eficiencia mayor que la tecnología sustituida.

Los autores reconocen que ese ahorro podría verse mitigado por “costes adicionales para la modernización de las redes eléctricas o un escenario de precios del crudo bajos o estancados”.

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