El Tribunal de Apelación de Reino Unido ha desestimado la apelación del Reino de España en el caso Antin, relacionado con los recortes de Mariano Rajoy a las energías renovables. Este fallo reafirma la condena impuesta a España, que deberá indemnizar con 101 millones de euros a los demandantes. Esta decisión es solo una de muchas en la larga lista de arbitrajes internacionales contra España, cuyo coste asciende a más de 1.560 millones de euros en compensaciones.
Los litigios contra España se intensifican
El fallo del Tribunal de Apelación del Reino Unido marca otro golpe para España en su lucha contra las demandas internacionales por las reformas retroactivas en el régimen de primas a las energías renovables. El caso Antin, uno de los primeros presentados, fue promovido por empresas vinculadas al sector energético, como el gigante francés EDF. España ha intentado sin éxito paralizar la ejecución del laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que en 2019 ordenó una indemnización de 101 millones de euros a los inversores.
La batalla legal y las consecuencias económicas
Este caso es uno de los más de 25 que han sido resueltos en tribunales internacionales, acumulando indemnizaciones por más de 1.560 millones de euros. A esta cifra hay que sumar otros 325 millones en sobrecostes judiciales y financieros, lo que convierte la estrategia del gobierno de Mariano Rajoy en un lastre financiero significativo para las arcas públicas. Los afectados incluyen grandes empresas como NextEra, EDF y E.ON, todas afectadas por los recortes retroactivos.
Las implicaciones para España en el derecho internacional
En su defensa, España ha argumentado ante diversos tribunales, incluida la justicia británica, que estos laudos violan la inmunidad soberana y que las decisiones arbitrales entre Estados miembros de la UE, bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), no son compatibles con el derecho europeo. Sin embargo, los tribunales han rechazado consistentemente estos argumentos. El Tribunal de Apelación del Reino Unido ha subrayado que las decisiones emitidas bajo el marco del CIADI son vinculantes y deben ejecutarse. Además, destacan que «los argumentos de España no son suficientes para subvertir el propósito del tratado».
