El debate sobre el impuesto a las empresas energéticas en España se intensifica, y el Gobierno de Aragón se posiciona firmemente en contra de su posible consolidación. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha anunciado que llevará este gravamen, actualmente temporal, a los tribunales si el Ejecutivo central decide hacerlo permanente. Azcón ha expresado su “verdadera preocupación” sobre la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez obtenga el apoyo necesario en el Congreso para implementar este impuesto de forma definitiva. Según él, esta medida no solo incrementará los costes de la energía, sino que también obstaculizará la reindustrialización de la comunidad.
Un privilegio para el País Vasco
Durante su visita a la estación de Formigal, en Huesca, Azcón ha enfatizado que la propuesta del Gobierno central podría generar un “elemento de distorsión” en el mercado. En particular, si el País Vasco recibe un trato preferencial que le exima de este impuesto, Aragón no dudará en utilizar “todos los recursos a su alcance” para impedir su aplicación. Esta afirmación resuena en un contexto en el que las tensiones regionales sobre la distribución de impuestos y recursos se han vuelto más evidentes.
Junts y su advertencia en el Congreso
Por otro lado, la formación política Junts también ha manifestado su oposición a la medida. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha dejado claro que su partido no apoyará la ley que busca hacer permanente el impuesto a la banca y las empresas energéticas si ello perjudica las inversiones en Cataluña. En particular, la propuesta de Repsol de invertir 1.100 millones de euros en Tarragona está en el punto de mira. La advertencia de Nogueras refleja la preocupación de que este impuesto podría afectar negativamente el clima inversor en la región, lo que resulta crucial para la economía catalana.
La postura de Sumar
Por su parte, Sumar defiende la permanencia de este impuesto, argumentando que el pasado año recaudó 2.900 millones de euros adicionales. Íñigo Errejón, portavoz de la formación, sostiene que el oligopolio de bancos y empresas energéticas debe contribuir más a la riqueza nacional. “Los trabajadores, las pymes y la clase media ya pagan suficiente”, ha afirmado Errejón, insistiendo en que “un Gobierno que quiera avanzar en derechos debe plantear quién paga esos derechos”, señalando que la carga debe recaer sobre los grandes patrimonios.
La controversia sobre el impuesto a las empresas energéticas pone de manifiesto las diferentes prioridades y preocupaciones de las distintas comunidades y partidos en España. Con Aragón preparado para luchar contra una posible consolidación del gravamen, Junts defendiendo los intereses de las inversiones en Cataluña y Sumar insistiendo en la justicia fiscal, el futuro de este impuesto seguirá siendo un tema candente en el debate político español.
