Bruselas ha lanzado un ultimátum a España y a otros cuatro países de la Unión Europea para que apliquen la normativa de simplificación de permisos a proyectos de energías renovables. En caso de incumplimiento, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Un dictamen motivado para acelerar la transposición
El Ejecutivo comunitario ha enviado un dictamen motivado a España, Italia, Chipre, Eslovaquia y Suecia. Se trata del segundo paso del procedimiento de infracción abierto en septiembre de 2024 debido al retraso en la incorporación de la directiva comunitaria.
La norma, en vigor desde noviembre de 2023, establecía que ciertas disposiciones debían ser transpuestas a la legislación nacional antes del 1 de julio de 2024. Entre ellas, destacan medidas para agilizar la concesión de permisos y reconocer los proyectos renovables como de interés público prioritario.
Posibles sanciones ante el TJUE
Si España no cumple en el plazo de dos meses, la Comisión podrá llevar el caso al TJUE, con el consiguiente riesgo de sanciones. Otros países, como Francia, Países Bajos y Bulgaria, también siguen bajo supervisión por la falta de claridad en la aplicación de la normativa.
Una medida clave para la autonomía energética
La revisión de la Directiva de Energías Renovables surgió en un contexto de crisis en los precios del gas y la electricidad. Su objetivo es acelerar el despliegue de renovables y reforzar la independencia energética de la UE.
Según la Comisión, la norma establece plazos máximos para la concesión de permisos y reconoce la urgencia de desarrollar infraestructuras energéticas. Ahora, el Gobierno español enfrenta una cuenta atrás para cumplir con sus obligaciones y evitar consecuencias legales.
